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María del Pilar López se ha reunido en Mérida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con quien ha presidido una reunión de la Mesa del Diálogo Civil con el Tercer Sector, junto a otros integrantes del Consejo de Gobierno, y ha señalado que hay que reconocer al presidente extremeño y a todo su equipo ese esfuerzo realizado “porque lo primero son las personas, y una vez más el Gobierno extremeño ha puesto eso en valor”.
Por otra parte, la secretaria de Estado destacó la importancia de la tramitación de la Ley del Tercer Sector de Extremadura, lo cual es muy importante para las personas acogidas en las diferentes entidades, ya que éstas complementan la acción de gobierno que se lleva a cabo, según explicó.
También puso en valor a las personas mayores, al celebrarse hoy, día 1 de octubre, el Día del Mayor, y recordó que Extremadura tiene un envejecimiento por encima de la media de España.
Explicó que el sistema debe estar normalizado para poder dar la mejor calidad de vida a las personas mayores, porque cada vez se vive más años, pero con más problemas de dependencia “y nuestro modelo no está dando respuestas”, dijo, pues hay miles de personas con Alzheimer o con problemas de degeneración cognitiva y todas las administraciones deben estar al servicio de los mayores para devolverles el esfuerzo que un día realizaron, cubriendo todas sus necesidades.
Como medida positiva, destacó la subida en más de un 6 por ciento de las pensiones de viudedad, promovida por el actual Gobierno, y añadió que habrá un Pacto de Toledo para subir las pensiones, todo ello para ayudar a cubrir las necesidades de las personas mayores.
A su vez, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, Jose María Vergeles, explicó que se ha celebrado una Mesa del Diálogo Civil coincidiendo con el Día del Mayor, mesa en la que están representados tanto el Gobierno extremeño y los miembros de la Plataforma del Tercer Sector, como las asociaciones afines a dicha plataforma.
Vergeles indicó que se le han expuesto a la secretaria de Estado los principales problemas de la comunidad autónoma en materia social y su voluntad para colaborar en la atención a los menores extranjeros no acompañados, o en aspectos que afectan al 0,7 por ciento del IRPF que se destina a fines sociales, como los proyectos relacionados con el envejecimiento en el ámbito de la discapacidad.
El consejero incidió en que se debe seguir trabajando para las personas en situación de dependencia, y destacó que aunque el Gobierno extremeño ha destinado fondos a este colectivo durante los años de crisis económica, los esfuerzos también deben dirigirse a que otras comunidades autónomas y otros grupos políticos “desbloqueen” al Gobierno de España el techo de gasto que permitiría incrementar los fondos destinados a políticas sociales, y ese es otro de los compromisos que tiene la Junta de Extremadura con el Gobierno central, dijo.
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Gracias a esta adhesión, se incorpora a la iniciativa de transcripción de material académico en al menos seis universidades españolas para mejorar el acceso al aula de los alumnos con sordera.
Madrid, 5 de febrero de 2018- La Confederación Española de Familias de Personas Sordas, (FIAPAS) y la Fundación CNSE han firmado hoy su adhesión al acuerdo marco de colaboración que mantienen Fundación Vodafone España y Fundación ONCE para impulsar la accesibilidad audiovisual.
El presidente de FIAPAS, Jose Luis Aedo, y Concha Díaz, presidenta de la Fundación CNSE, fueron los encargados de firmar la adhesión de cada una de las partes junto a Santiago Moreno, director general de Fundación Vodafone España, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.
Fundación Vodafone España y Fundación ONCE mantienen un acuerdo de colaboración que incluye la creación del fondo para el ‘Impulso de la accesibilidad audiovisual’ así como la puesta en marcha de una comunidad de voluntarios encargados de transcribir contenidos audiovisuales. A partir de ahora, Fundación CNSE y FIAPAS se suman a ambas propuestas.
Además, trabajarán para facilitar la transcripción de material académico en al menos seis universidades españolas y para mejorar el acceso al aula de alumnos con sordera o de otros colectivos cuya participación plena en la actividad académica se vea favorecida por la aplicación de esta técnica.
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EL 112 SOLO ES ACCESIBLE PARA LAS PERSONAS SORDAS
DENTRO DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA DE RESIDENCIA
Con motivo de la celebración del Día Europeo del teléfono de emergencias 112, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) quiere recordar que todavía este servicio no dispone de un sistema común accesible y operativo para todo el territorio nacional, lo que dificulta su uso por parte de las personas sordas cuando éstas se desplazan de su lugar de residencia.
Madrid, 14 de febrero de 2018- FIAPAS recuerda que el 112 no solo ha de ser accesible para todas las personas, sino que, además, se ha de regular su aplicación y puesta a disposición de sus usuarios, entre ellos las personas sordas, unificando el modo de acceder al servicio, con independencia de la comunidad autónoma desde la que se realice la llamada de emergencia.
De acuerdo con lo mandatado por el Consejo de las Comunidades Europeas, corresponde a las instituciones de cada país adoptar las medidas necesarias para garantizar que las llamadas que efectúen a este número reciban la respuesta y atención adecuadas.
En España, la diversidad de gestión de este servicio complica la atención a las personas sordas, puesto que cada comunidad pide a los usuarios con sordera que se registren previamente para que, en el caso de que realicen un aviso, el sistema les reconozca como una persona sorda y les ofrezca la atención adecuada. Sin embargo, si el aviso se realiza a un servicio 112 en el que el usuario no está registrado, lo cual sucede en el momento en que cualquiera se desplaza fuera de la comunidad en la que reside, la atención no será posible por esta vía accesible.
Algo incomprensible y discriminatorio en el caso de un teléfono de emergencias y que podría solucionarse implantando un único sistema de acceso, común para todo el Estado, tal como existe para el resto de los ciudadanos. Debería seguirse el ejemplo de lo ya hecho con otros teléfonos o aplicaciones de servicio al ciudadano (el 016 de atención a las víctimas de violencia de género o el teléfono contra el acoso escolar), que permiten dar respuesta a las emergencias de las personas sordas a través de un servicio de mensajería instantánea o videollamada.
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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha interpuesto una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haga públicos los informes completos mensuales de 2016 de seguimiento de la medición de los porcentajes de subtitulado y horas de audiodescripción que deben alcanzar las televisiones.
Madrid, 11 de abril de 2017- La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), en coherencia con la demanda social y política que emana del sector de la discapacidad, quiere mostrar su apoyo al CERMI en las acciones realizadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante la negativa de la CNMC de facilitar los informes sobre el cumplimiento de la accesibilidad audiovisual en televisión durante el pasado año.
Según indicó el CERMI en un comunicado, la CNMC, como órgano regulador del mercado audiovisual en España, tiene asignadas funciones de supervisión para determinar el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad establecidas en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010. En consecuencia, la CNMC realiza un seguimiento de las emisiones de las televisiones sometidas a su control y elabora informes mensuales detallados a través de informes mensuales elaborados por el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA).
Como representante del movimiento social de la discapacidad, el CERMI solicitó a la Comisión poder conocer dichos informes correspondientes al año 2016, invocando los derechos que otorga la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013, para vigilar dicho cumplimiento en el campo audiovisual y en defensa de los derechos de las personas con discapacidad sensorial. Obteniendo una respuesta negativa al respecto.
Ante esta situación, el CERMI ha formulado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, instancia encargada de velar por el cumplimiento de la transparencia en el ámbito de la Administración General del Estado, ya que considera esencial poder acceder a dicha información, para conocer si los operadores audiovisuales cumplen con las exigencias legales en materia de accesibilidad y, en caso necesario, abrir de oficio un expediente sancionador.
En este sentido, FIAPAS como entidad representativa de las personas sordas y de sus familias, que interviene en la consulta y elaboración de la normativa relacionada con la accesibilidad audiovisual y que conoce las necesidades de estas personas y defiende sus derechos, siendo también miembro del Consejo Rector del CESyA, se suma a la reclamación formulada por el CERMI.
