El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha interpuesto una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haga públicos los informes completos mensuales de 2016 de seguimiento de la medición de los porcentajes de subtitulado y horas de audiodescripción que deben alcanzar las televisiones.
Madrid, 11 de abril de 2017- La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), en coherencia con la demanda social y política que emana del sector de la discapacidad, quiere mostrar su apoyo al CERMI en las acciones realizadas ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante la negativa de la CNMC de facilitar los informes sobre el cumplimiento de la accesibilidad audiovisual en televisión durante el pasado año.
Según indicó el CERMI en un comunicado, la CNMC, como órgano regulador del mercado audiovisual en España, tiene asignadas funciones de supervisión para determinar el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad establecidas en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010. En consecuencia, la CNMC realiza un seguimiento de las emisiones de las televisiones sometidas a su control y elabora informes mensuales detallados a través de informes mensuales elaborados por el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA).
Como representante del movimiento social de la discapacidad, el CERMI solicitó a la Comisión poder conocer dichos informes correspondientes al año 2016, invocando los derechos que otorga la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de 2013, para vigilar dicho cumplimiento en el campo audiovisual y en defensa de los derechos de las personas con discapacidad sensorial. Obteniendo una respuesta negativa al respecto.
Ante esta situación, el CERMI ha formulado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, instancia encargada de velar por el cumplimiento de la transparencia en el ámbito de la Administración General del Estado, ya que considera esencial poder acceder a dicha información, para conocer si los operadores audiovisuales cumplen con las exigencias legales en materia de accesibilidad y, en caso necesario, abrir de oficio un expediente sancionador.
En este sentido, FIAPAS como entidad representativa de las personas sordas y de sus familias, que interviene en la consulta y elaboración de la normativa relacionada con la accesibilidad audiovisual y que conoce las necesidades de estas personas y defiende sus derechos, siendo también miembro del Consejo Rector del CESyA, se suma a la reclamación formulada por el CERMI.
